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COMPROMISO ÉTICO Y LUCHA POLÍTICA.
JOAQUÍN SAMA Y EL REPUBLICANISMO PACENSE.
Fernando Sánchez Marroyo


1. Introducción.

Joaquín Sama Vinagre fue ante todo un pedagogo, un hombre preocupado por la reforma del sistema educativo. A esta actividad dedicó toda su vida, prematuramente truncada, una vez abandonó su breve incursión en el ejercicio de la abogacía (1). Pero se trataba de educar a la sociedad española para modernizarla y esta transformación había que encararla como un proceso de dimensiones globales; por eso no podía dejar de lado el compromiso político. Aunque no se trata, sin embargo, de una figura con dedicación exclusiva a la vida pública, de un político profesional, su actividad en este terreno fue constante. Su vocación, precoz, se extendió, de forma discontinua, y se desarrolló a lo largo de su breve vida, hasta prácticamente el final de la misma. Su peripecia pública apareció ligada siempre al republicanismo. Sama fue, pues, también en este terreno, como no podía ser de otra forma, un heterodoxo y, como tal, un perdedor. Su nombre difícilmente figurará en las relaciones de políticos triunfantes con incidencia en la vida de la comunidad, pero como tantos otros, candidatos frustrados, hombre público a fin
de cuentas, debe ser considerado parte de la clase política regional.

Hay en su vida pública dos etapas bien diferenciadas, tanto por las características de su actuación, como por el contexto sociopolítico en el cual se desarrolló. Pero en última instancia, por sus resultados, ambas etapas suponen un continuum, tienen una identidad común: la frustración total de sus expectativas. Porque Sama, como heterodoxo en su orientación política, fue siempre un luchador enfrentado al sistema de poder vigente. Hombre más de ciencia que de acción, su peripecia política no fue especialmente brillante. Su independencia, alabada por todos, era difícilmente admisible en la práctica. Considerado "más republicano científico que político" (2), no encajaba bien en los recovecos de la lucha electoral.

Aunque le tocó vivir en tres etapas políticas diferentes: la monarquía de Isabel II, el Sexenio Democrático y la Restauración, su actuación pública, por razones de edad, se desarrolló en las dos últimas. Cada una de ellas representó un intento de aclimatar en España un modelo de legalidad liberal distinto. Aun con sus rasgos comunes, diseñaron una realidad política dicotómica, supusieron dos concepciones de la vida pública radicalmente enfrentadas, al margen de coincidencias formales.

Durante el Sexenio, en sus diferentes fases y modelos, se intentó conseguir una profundización, en un sentido crecientemente democrático, en el sistema de participación política. Por el contrario, en la Restauración se optó por una forma deliberadamente trucada en la que era posible hurtar, a través de diversos mecanismos, el nivel de decisión del ámbito de la voluntad popular para trasvasarlo al de la actuación gubernativa, con el consiguiente falseamiento del proceso representativo.

Aunque Sama abandonó pronto Extremadura, no perdió contacto con ella. Los republicanos, críticos constantes del cunerismo en lo que tenía de imposición a la voluntad de los electores, recurrieron a él a la hora de presentar un personaje de prestigio capaz de hacer frente a los retos de la lucha política.

2. La vida política de Sama.

2.1. El contexto material: un ámbito territorial ruralizado con peculiares circunstancias productivas.

La vida pública de Joaquín Sama estuvo siempre ligada a su comarca natal. Tanto en su experiencia municipal, como en los diversos intentos para conseguir trascender este reducido marco local y llegar al plano nacional, se movió en un ámbito territorial muy restringido: Mérida.

El distrito de Mérida, al que trató de representar en el Congreso de Diputados en dos coyunturas políticas distintas, comprendía veinte pueblos pertenecientes a los partidos judiciales de Mérida y Alburquerque. Se trataba, por tanto, de un distrito básicamente rural, con una población que vivía de las actividades agropecuarias, dispersa en numerosos núcleos de pequeña entidad demográfica. De acuerdo con el censo de 1887, la media era de 2.500 habitantes y nueve de ellos, casi la mitad, no llegaba a los 1.000. Sólo había cuatro núcleos de relativa importancia (Mérida, Alburquerque, San Vicente de Alcántara y Montijo) que concentraban el 60% de la población. La principal localidad era la capital del distrito, Mérida, que apenas sobrepasaba los 10.000 habitantes. Era, pues, un ámbito campesino, tan excepcionalmente propicio al control clientelar (3) como escasamente adecuado para el libre ejercicio de la soberanía que, además, tenía un nivel de analfabetismo muy alto. El 63% de los electores no sabían leer ni escribir (4) valor que resultaba ligeramente superior a la media provincial.

En este contexto ruralizado, la penetración y aceptación del discurso republicano encontró siempre grandes dificultades por la persistencia de las tradicionales lealtades clientelares. Esta realidad estuvo presente tanto cuando se restringió el derecho del sufragio, reservándolo a una minoría de propietarios acomodados, escasamente sensibles a las connotaciones sociales del más genuino republicanismo, como cuando se amplió el cuerpo electoral y se introdujo una gran masa de menesterosos. Porque objetivamente el restablecimiento del sufragio universal al aumentar, a partir de 1890, el porcentaje de electores hasta el 23 % de la población, reintrodujo en el juego político a una clientela potencial de los planteamientos heterodoxos, formada por una gran masa de campesinos modestos y jornaleros.

Excepcionalmente, en dos localidades del distrito, en el partido judicial de Alburquerque, se daban unas circunstancias que suponían una cierta ruptura con respecto a las características productivas dominantes que conferían su homogeneidad a la comarca, lo que tuvo una innegable repercusión a la hora de condicionar comportamientos sociales y políticos. En estos lugares, sin romper la dependencia de gran parte de la población con respecto de la actividad agropecuaria, desde mediados del siglo XIX se fue desarrollando una floreciente industria corchotaponera. La trascendencia del hecho no radica sólo en lo que conllevó de transformación del sistema productivo con la consiguiente introducción de nuevas formas de relaciones laborales, sino también en las propias modalidades de gestación del proceso. Porque no se trató de un proceso gestado desde el interior, sino que en su despliegue intervinieron elementos foráneos, portadores de la técnica y del capital. Fue por tanto un instrumento que favoreció la renovación y el cambio de mentalidades. No debe sorprender, por tanto, que siempre, en los círculos más tradicionales, se consideró a la industria corchotaponera como la vía de penetración de ideas de disolución social en el cerrado ámbito rural extremeño (5).

Este floreciente enclave, uno de los más notables de Extremadura junto a Jerez de los Caballeros, entró en crisis a finales de siglo ante la fuerte competencia de la producción foránea que terminó desalojando a la manufactura española de los mercados internacionales (6). Se gravaba en los países no productores de corcho la entrada de tapones, el producto más genuino de la manufactura local y, además, estos mismos países compraban el corcho en bruto en España para abastecer a su propia industria y elaborar in situ los derivados corcheros. El corcho salía de España con débiles derechos de exportación, produciéndose entonces una contradicción de intereses entre los productores, básicamente los grandes terratenientes, y los transformadores, los obreros corchotaponeros. Estos veían lesionados sus intereses y organizaron frecuentes actos de protesta, pacífica (7) o no, mientras tanto los dueños de los alcornocales, vendedores de la materia prima, hacían el negocio del siglo.

Por otra parte, como se ha apuntado, se puede hablar de que se trataba de un sector que de forma precoz estaba excepcionalmente penetrado por el capital no extremeño, básicamente extranjero. A los catalanes, tradicionales usufructuarios de la comercialización del corcho, disputaban el mercado otros personajes foráneos. Era una realidad característica de la parte occidental de Extremadura (8), de las comarcas fronterizas con Portugal, país con unas seculares relaciones económicas con Inglaterra. Los negociantes ingleses no sólo controlaban el mercado del corcho, sino que también eran dueños de los centros de elaboración y producción taponera. Desde su residencia en Portalegre, la familia Robinson controlaba la comercialización y producción corchera de la zona (9). La concentración de las fábricas en San Vicente y Alburquerque hacía a su población extraordinariamente dependiente de las fluctuaciones del negocio corchotaponero, en estrecha relación con la evolución del mercado internacional.

Estas circunstancias determinaron el que la zona de Alburquerque conociese una notable y precoz conflictividad obrera. Al margen de las tensiones derivadas de los crónicos problemas de los baldíos (10), la concentración corchera y las dificultades que afectaron al sector a fines del XIX desataron diversos conflictos. Tuvieron lugar aquí, en los inicios de la Restauración, las que se pueden considerar pioneras huelgas de la Historia de Extremadura, movimientos sociales verdaderamente contemporáneos (11).

Desde los primeros momentos de la experiencia democrática abierta en 1868, se fue consolidando en las dos principales localidades de la comarca (Alburquerque y San Vicente de Alcántara) una fuerte presencia republicana. En Alburquerque ya en las elecciones municipales de diciembre de 1871 todos los concejales fueron republicanos. Esta tradición sobreviviría no sólo al Sexenio, sino también a la propia Monarquía, que toleraría el protagonismo local de los republicanos, aislados en el contexto de un distrito caracterizadamente rural y, por tanto, fácilmente controlable. Además, desde el principio la división fue la norma. Así, en las elecciones de abril de 1872 no fue posible el acuerdo y aparecieron como candidatos por Mérida José Moreno Baylen, que se retiró, y el diputado provincial César González, propuesto por San Vicente de Alcántara.

2.2. Sama y la lucha política: una experiencia frustrada.

En el contexto de la España decimonónica, el proceso de selección del personal político, formalmente dependiente de la voluntad de los ciudadanos (cuyo número varió en función del grado de apertura del sistema), era, en la práctica, un expediente artificial que convertía a la representación en un monopolio en manos de reducidas familias que tradicionalmente la usufructuaban, heredando los cargos, incluso los electivos, como se hereda el patrimonio (12). Estos rasgos, generales a la España rural, alcanzaban en Extremadura su expresión más depurada. El distrito de Mérida venía siendo controlado, desde la etapa isabelina, por notables comarcales. Y Sama, aunque lo intentó de manera reiterada, no pudo romper esta constante que continuaría hasta el fin de la monarquía constitucional en 1923.

Sama pertenece al grupo de españoles herederos de la tradición de la Revolución de 1868, momento en el que inició su vida pública, efímera experiencia pronto frustrada. Desde el primer momento, joven aún, apareció comprometido con la obra del Sexenio Democrático y fue vocal, en octubre de 1868, de la Junta Revolucionaria de San Vicente de Alcántara, juez municipal y alcalde desde el 1º de enero de 1869. En las elecciones locales celebradas en diciembre del año anterior había resultado elegido concejal. Esta pionera experiencia de hombre público, la única en la que alcanzaría responsabilidades de gobierno, terminó de manera accidentada.

Lo que sabemos de su actividad muestra el profundo utopismo que guiaba su gestión, la desconexión con la realidad del momento. Su negativa a autorizar el establecimiento de un cuartel de la Guardia Civil en el pueblo (13) es una buena prueba de ello, ya que la evolución de los acontecimientos a lo largo del Sexenio demostró la necesidad de las fuerzas de orden público, a las que los gobernantes republicanos debieron recurrir para controlar la situación. Porque el rasgo más característico del sistema de propiedad de San Vicente de Alcántara era, precisamente, el dominio de la gran explotación (14) y, con ello, la existencia de tremendos desequilibrios patrimoniales, siempre propicios, por las características fluctuaciones estacionales y cíclicas de la producción agropecuaria, a generar malestar social y tensiones públicas.

Fue Sama un alcalde que mostró, en el corto periodo durante el cual ejerció el cargo, una gran sensibilidad social, reflejada en su constante preocupación por el bienestar de los humildes. En una coyuntura especialmente conflictiva, derivada de una aguda crisis de subsistencias, invierno de 1868-69, trató de conseguir que los mayores contribuyentes prestasen ayuda para atender a los obreros necesitados. Además pretendió institucionalizar esta práctica asistencial mediante la creación de una caja de socorros, capaz de hacer frente a las crónicas crisis de trabajo que periódicamente comprometían la vida de los humildes. Porque, desde el punto de vista social, el precario equilibrio del sistema productivo, que originaba un agudo paro estacional, se rompía por la incidencia negativa de circunstancias climatológicas que interferían los esperados rendimientos agrarios, agravando con ello la situación alimentaria, generando, en definitiva, los últimos vestigios de las tradicionales hambrunas, especialmente de los asalariados, pero también de los campesinos modestos.

Se interesó, además, por algo que tendría una gran trascendencia, las ocultaciones de tierras (15). Patrocinó una iniciativa que debió inquietar sobremanera a los poderosos: puesta a punto de un catastro, que supliese las deficiencias del sistema de amillaramientos, tan propicio al fraude tributario. Pero eran realidades que trascendían el voluntarismo bienintencionado, superaban su capacidad de actuación y al mismo tiempo lo convertían en un personaje incómodo para las fuerzas sociales hegemónicas.

Como decimos, su primera fase como político, su aventura municipal, terminó de manera accidentada. Se vio implicado, indirectamente, en los sucesos de octubre de 1869, en la intentona republicana que tuvo lugar en todo el país a comienzos de ese mes (l6). Aunque su actuación en los incidentes del día 11 fue de contención de la agitación popular, tranquilizando los ánimos e impidiendo que los hechos alcanzaran mayor entidad, y por ello fue exonerado de responsabilidades penales en el expediente que se incoó para averiguar los hechos, el coste político fue irreversible y fue destituido de la responsabilidad municipal.

En la provincia de Badajoz el movimiento subversivo no alcanzó especial relevancia, lo que no impidió que se viesen afectados, pueblos y personas, por sus repercusiones represivas. El 5 de octubre, el Comandante General de la División Militar de Extremadura declaró el Estado de Guerra. Incidentes aislados se conocieron en diversos puntos de la región, aunque las autoridades controlaron sin dificultades la situación y la intentona republicana se saldó con numerosas detenciones.

San Vicente de Alcántara fue una de las localidades extremeñas que más se vio afectada por los sucesos. El notable protagonismo republicano fue el caldo de cultivo que propició aquellos episodios de violencia rural. La prensa de la época se refirió de manera amplia a los hechos. Los ánimos se fueron tensando hasta desembocar en un estallido final. El día 8 de octubre se hablaba de la existencia de rumores de acontecimientos desagradables en San Vicente de Alcántara, que se consideraban sin fundamento (l7). Sin embargo, los hechos confirmaron la gravedad de la situación.

Las autoridades judiciales fueron más rotundas desde el principio. El juez de Primera Instancia de Alburquerque comunicaba a la Audiencia Territorial de Cáceres, en carta recibida el 12 de octubre, que San Vicente de Alcántara estaba en gran efervescencia y en conato de rebelión (18). Al día siguiente llegaba otro comunicado que avisaba del estallido de la crisis: en la localidad se había roto el fuego entre paisanos y carabineros. El mismo juez aclaraba, poco después, que se había tratado de una alteración del orden en sentido republicano.

Efectivamente, el 11 de octubre alcanzó la crisis su culminación. Ante el traslado a Badajoz de los detenidos, sospechosos de estar implicados en la intentona republicana, grupos de vecinos manifestaron su malestar (19). En este contexto de fuerte tensión se produjo el estallido de los desórdenes públicos y la fuerza de carabineros destacada en la localidad (como núcleo fronterizo) hizo fuego. A consecuencia del tiroteo se produjo un muerto (un pacífico empleado de la casa Bucknall) y varios vecinos resultaron heridos (20). Se enviaron más fuerzas y el Gobernador Civil de la provincia se trasladó a San Vicente de Alcántara, encargándose personalmente de controlar la situación. Resultado de todos estos incidentes fue la destitución, ese mismo día, de Sama como alcalde. Sin embargo, el hecho de que fuera exonerado de responsabilidades penales parece confirmar que su actitud ante los revoltosos fue de apaciguamiento. En la mañana de ese día se destacó precisamente por intentar controlar la situación, tranquilizando los ánimos de los exaltados.

Este accidentado final de su peripecia como hombre público no desanimó a Sama ni le hizo abandonar la lucha política. Es más, elevó el tono de sus aspiraciones y del ámbito municipal, estrictamente local, pasó al nacional. A pesar de su juventud se había convertido en una de las más importantes figuras del republicanismo pacense. Una vez aprobada la Constitución de 1869 e institucionalizada la actuación política, se decidió a participar en las elecciones parlamentarias, aspirando a conquistar el escaño de Diputado a Cortes por el distrito de Mérida.
De las diversas consultas al cuerpo electoral que conoció la etapa, Sama sólo participó en unas, en las de agosto de 1872, que fueron las últimas del Reinado de Amadeo l. Bajo el Gobierno del radical Ruiz Zorrilla y en un ambiente de creciente deterioro del régimen tuvieron lugar las segundas elecciones generales del año. Desde el primer momento sonaron los nombres de varios candidatos, adictos y de distintas oposiciones. En el campo antidinástico la presencia de la candidatura de Sama no apareció de forma indiscutida. Como aspirante republicano figuró precozmente, en este contexto inicial de mero tanteo de posibilidades, José Moreno Baylén, una de las más caracterizadas figuras del republicanismo pacense (21), que debía enfrentarse al antiguo moderado y ahora alfonsino, Cipriano Piñero (22) y al radical Carlos Botello del Castillo. Después aparecieron otros más, pero definitivamente las candidaturas que se disputaron el escaño, en unas elecciones con fama de limpias por contraste con las anteriores que había dirigido Sagasti (23), fueron las de Piñero, como alfonsino, y Joaquín Sama, como republicano federal. El primero obtuvo la victoria en una reñida votación (24).

El de Mérida fue uno de los pocos distritos en el que los partidarios del príncipe Alfonso, que por primera vez se presentaban con esta etiqueta, no sólo abandonaron la postura de retraimiento generalizado sino que también vencieron, en unas elecciones que contemplaron un abultado éxito radical y en las que hasta el propio Cánovas se vio derrotado. Este resultado refleja la sólida vigencia de los mecanismos de control político en manos de las fuerzas sociales tradicionales en el mundo rural y la dificultad para los republicanos de romper, incluso en un contexto de libertad política, el entramado de relaciones clientelares.

La gran oportunidad de Sama hubiese estado en las elecciones de mayo de 1873, bajo gobierno republicano. El retraimiento generalizado de alfonsinos, constitucionales y radicales originó una elevadísima abstención y permitió una abultada victoria del republicanismo en toda España. Como en la mayoría de los distritos, en el de Mérida no hubo lucha. Pero Sama dejó el lugar al médico de Alburquerque, el también republicano federal Miguel Alcantú (25), que resultó elegido.

Clausurada la experiencia democrática con el golpe del general Pavía y marginados los republicanos en los primeros años de la Restauración, la actuación pública de Sama se eclipsó durante más de una década. Volvería a reaparecer a raíz del restablecimiento del sufragio universal, en el que tanto confiaban los republicanos. Ahora bien, entre la primera fase de su actividad pública, la que se desarrolló durante el Sexenio Democrático, y la que ahora, a partir de 1876, se abría existía una diferencia fundamental en la forma de concebir la vida pública que iba a tener profundas repercusiones sobre la función representativa.

En el plano estricto de la peripecia vital de Sama, el cambio de régimen político coincidió con su abandono de Extremadura y el traslado definitivo a Madrid, como profesor de la Institución Libre de Enseñanza. Este abandono no supuso que se desligara de su región natal, que perdiera interés por los asuntos de su tierra, con la que iba a mantenerse en contacto permanente hasta el final de sus días. No obstante, en estos primeros momentos Sama no era un personaje especialmente conocido ni en el ámbito general extremeño, ni en el contexto estricto del republicanismo pacense, como lo pone de manifiesto el hecho de que Nicolás Díaz y Pérez, tan celoso difusor de todas las glorias regionales, sobre todo de las que se movían en el campo heterodoxo, no lo incluyera en su conocido, y discutido Diccionario Biográfico, publicado a partir de 1884 (26). Tampoco en otra obra clásica del republicanismo del siglo XIX, la de Rodríguez Solís (27), se hace mención a Sama como figura destacada en alguna de las familias del partido.

Una vez aprobada la Constitución en 1876 y tras superar una etapa de dificultades en la primera fase del nuevo régimen, consecuencia de su inicial carácter represivo, los republicanos, a pesar de que se había reintroducido el sufragio censitario, volvieron a estar presentes en los procesos electorales, aunque centraron sus esfuerzos en la circunscripción de Badajoz y, de forma esporádica, en algún distrito rural. No obstante, en estos primeros momentos de la Restauración, el movimiento antidinástico debió hacer frente a varios retos. Por un lado definir sus tácticas de acceso al poder, que se movían todavía en una confusa situación, que conllevaba un ambiguo posicionamiento ante la violencia y, de ello fue testigo excepcional, en agosto de 1883, la propia provincia de Badajoz. Por otro lado, lo más difícil, superar su crónica división, fruto, sobre todo, de un acusado personalismo (28), que sería elemento consustancial de la peripecia decimonónica del republicanismo nacional.

Fue, paradójicamente, en la etapa del sufragio censitario cuando no sólo se alcanzó un éxito electoral sino que, además, se consolidó la presencia parlamentaria del republicanismo en Badajoz y se lograron los mejores resultados, eso sí en clara connivencia con las autoridades dinásticas. Se originó así una confusa situación que conviene situar en su verdadero contexto para evitar equívocas interpretaciones y calibrar su significado real. Se trata del «fenómeno» Baselga (29), un ejemplo casi único en la España decimonónica (30). Aunque una buena parte de las dispersas fuerzas republicanas, disconforme s con el trato legal recibido, defendieron con frecuencia la inhibición del proceso electoral, otras, más posibilistas, optaron por aceptar el modesto papel que ofrecía el sistema a los menos escrupulosos.

En realidad, a lo largo de toda la etapa, políticamente los republicanos alternaron su actitud entre el retraimiento y la participación, a tenor de la mayor o menor tolerancia del Gobierno con los partidos antidinásticos. Las etapas de dominio conservador eran más propicias al retraimiento (como ocurrió en una fecha tan tardía como 1896, cuando ni el propio Baselga quiso participar).

Pero la gran esperanza de los republicanos estaba depositada en el restablecimiento del sufragio universal, en cuya virtualidad política mostraron una gran confianza. Era considerado un derecho político anterior y superior a toda ley y la más alta de las conquistas del progreso. Recuperado en 1890, en las primeras elecciones a Cortes que se celebraron bajo la nueva norma, al año siguiente, Sama reapareció en la vida política provincial. Al margen, continuaba en la circunscripción de Badajoz, donde aparentemente ofrecía el sistema electoral más posibilidades por las peculiaridades del voto restringido, la división y el enfrentamiento más descarnado entre Baselga y los otros republicanos, salmeronianos y federales.

Los republicanos eran conscientes de que los gobiernos favorecían determinadas candidaturas republicanas para introducir el cisma en el campo antidinástico y el desconcierto entre sus seguidores. Se admitía que siempre había alguien al lado del que mandaba. El caso de Baselga fue paradigmático y su final político la confirmación de los augurios de sus más acusados enemigos.

Iniciaba, pues, en 1891 Sama, ya en la última fase de su recorrido vital, la segunda, y breve, experiencia de su vida pública, la de más altas aspiraciones y, paralelamente, la de más intensas frustraciones. Resulta un hecho significativo acerca de las características del sistema político de la Restauración que en sus cuatro intentos de conseguir el escaño parlamentario, separados por más de 20 años, sólo se enfrentó a dos opositores, muestra del notable grado de continuidad de las elites políticas y lo cerrado, lo impermeable del sistema de poder: el general Castro (31) (1891 y 1894) y Cipriano Piñero (1872 y 1893). En este caso se trataba, además, de dos notables locales, con importantes redes clientelares en la comarca.

Los republicanos conocían bien, su prensa lo repetía constantemente, que sin el apoyo del Gobierno no había salvación, "los candidatos saben que las elecciones no se hacen en los comicios, sino en el Ministerio de la Gobernación, saben que el que lucha contra las influencias oficiales tiene una probabilidad de triunfo contra noventa y nueve" (32). En las ciudades el control político resultaba más difícil, por eso la Restauración creó las circunscripciones, en las que el voto urbano resultaba "ahogado" por el entorno rural. Fracasada la propuesta de Moret, que en su juventud patrocinó la idea de independizar las ciudades del ámbito rural, los republicanos sabían que había poco que hacer. Por eso
no era de extrañar que los menos escrupulosos, los que anteponían a cualquier consideración el disfrute del poder, recurriesen descaradamente, ante la repugnancia de los más sensibles, al favor ministerial (33.)

Puestos ante la inapelable realidad de su constante inferioridad en las urnas, los republicanos terminaron defendiendo, como elemento legitimador de su superioridad moral, un principio que, mal interpretado, pudiera entenderse como escasamente democrático: la calidad de su voto (34). Se cuestionaba, por tanto, al poner en duda la autenticidad del sufragio, el fundamento político del principio de la mayoría.

A pesar de la clara coincidencia de estas limitaciones, como se ha apuntado, las ilusiones depositadas en el nuevo sistema electoral eran grandes. A la alta consideración política, "el sufragio universal es el derecho sagrado que confunde al sabio con el ignorante, al rico con el pobre, al hijo de populosa ciudad con el vecino de humilde aldea, es la emancipación justa y perfecta de las clases desvalidas" (35), se unía la esperanza de ver mejorar con su restablecimiento las posibilidades electorales del republicanismo. Se atribuía al sufragio censitario la mala fortuna en las urnas de los antidinásticos y se creía que una vez el pueblo recuperara su protagonismo político cambiaría la suerte de los republicanos.

El optimismo por la introducción del sufragio universal, no impedía comprobar, sin embargo, que antes de las elecciones generales de 1891 ya había indicios que llevaban al pesimismo. Existían precedentes de lo que iba a pasar. Pronto se iban a ver cuestionadas todas las esperanzas e ilusiones, porque antes de los comicios generales se celebraron, en diciembre del año 1890, unas elecciones provinciales que supusieron un aviso de lo que iba a ocurrir en el plano nacional, mostraron cuál iba a ser el comportamiento futuro del Gobierno con respecto al libre ejercicio del sufragio universal. El tradicional intervencionismo oficial, previo al acto de la votación, y desvirtuador de todo el proceso, seguiría siendo la norma. En realidad, dada la perversión generalizada del sistema, las nuevas autoridades (conservadoras) no podían ser neutrales, porque ésto no supondría entregar el poder al pueblo soberano, sino dejar en manos del partido saliente (liberales), que controlaba los Ayuntamientos, la decisión última sobre los resultados.

Ya en agosto de 1890, al poco tiempo de formarse el nuevo Gobierno de Cánovas comenzaron las maniobras para desmantelar la estructura levantada por los sagastinos en el ámbito municipal en sus casi cinco años de ejercicio del poder. El Gobernador Civil de Badajoz empezó a exigir a los alcaldes liberales el abandono del cargo (36). Ahora bien, como era normal cuando del disfrute de prebendas públicas se trataba, en muchos casos no hizo falta ningún tipo de actuación. Desaparecido el Gobierno Sagasta, se produjeron instantáneas conversiones y precipitados cambios de fidelidad política y el que ayer aparecía como rancio liberal ahora lo hacía como furibundo conservador. Con ello se garantizaban los notables locales la perpetuación de las influencias.

Por ello la prensa republicana, sólidamente implantada en la ciudad de Badajoz, denunció constantemente los abusos del régimen para imponer a sus candidatos y hurtar así la libre manifestación de la voluntad popular. La sinceridad electoral pregonada por el Gobierno se consideraba un escándalo. Con motivo de la llamada que hizo a la capital, en el verano de 1890, el Gobernador Civil de Badajoz al alcalde liberal de Villanueva de la Serena para exigirle su dimisión, aparecía en un periódico republicano de la ciudad un comentario muy significativo: "por sus antecedentes ya se viene en conocimiento de lo que serán las próximas elecciones en la provincia de Badajoz. Una verdadera comedia que deje recuerdo en los anales de nuestras costumbres electorales. A eso se reduce por ahora toda la política del Gobierno conservador, a desprestigiar el sufragio universal" (37). Fueron continuas las referencias a los manejos del Gobernador Civil de Badajoz para facilitar la elección de los candidatos oficiales.

En estas primeras elecciones provinciales con sufragio universal de diciembre de 1890 venció, sin problemas, el Gobierno en los cuatro distritos pacenses en los que correspondía la renovación bienal, entre los que no figuraba el de Mérida. En el campo antidinástico solo los baselguistas se atrevieron a luchar y con la benevolencia oficial lograron un puesto, Antonio Gutiérrez Llovio, en una Diputación férreamente controlada por los partidos monárquicos.

Sin embargo, a pesar de la constatación de la pervivencia de las manipulaciones gubernamentales, sorprendentemente en las elecciones de 1891 se admitía que los abusos más sangrantes, los que tenían lugar antes del acto de la votación, destinados a preparar el terreno a los candidatos oficiales (cambios de Ayuntamientos), no se daban en el distrito de Mérida-Alburquerque, "donde por haber un político serio y honrado no se ha tocado que sepamos a ningún Ayuntamiento", porque, además, se enfrentaban dos candidatos, que eran "personalidades dignísimas que si pueden diferir esencialmente en doctrina política no difieren ciertamente en la conducta de templanza, rectitud y honradez en todos sus actos" (38). Parece claro que al Gobierno no le preocupaba excesivamente el candidato republicano y, en todo caso, pensaba vencerlo con recursos menos aparatosos, a partir del control clientelar en los pequeños municipios.

La preparación de la elección se hacía por parte de los republicanos con gran minuciosidad, eran sumamente cuidadosos, evitando lo que consideraban prácticas poco ortodoxas, incompatibles con una sociedad libre, de los partidos dinásticos a la hora de designar las candidaturas. Los antidinásticos tenían a gala elegir democráticamente a sus candidatos, aunque siempre se trataba de personalidades notables, cuyos nombres se lanzaban previamente. Es evidente que había una preparación del terreno, pero la decisión última la tomaba la asamblea. De esta forma Joaquín Sama Vinagre fue nominado candidato por el distrito de Mérida- Alburquerque en antevotación, celebrada, el día 28 del mes de diciembre de 1890, en Villar del Rey, por 20 representantes de todas las tendencias republicanas de los pueblos del distrito (recibió 11 votos por 8 de
Carlos Pérez Toresano) (39.)

Incorporado a la lucha política, Sama fue cumpliendo todos los pasos del ritual electoral. Días más tarde de su nominación, y una vez aceptada ésta, publicó un manifiesto a los electores del distrito. Se trata, como era habitual en este tipo de escritos, de un documento muy genérico y retórico, sin grandes compromisos ni formulaciones doctrinales y con alguna inexactitud de indudable oportunidad política, en el que lo más destacable, al margen de prometer defender su tierra y país, era que se declaraba "independiente de los jefes" y se ofrecía "con espíritu patriótico levantado, con más amor a la causa impersonal de la República que predilección por las jefaturas que dividen y perturban, enervan y matan hoy al partido republicano y al país". Justificaba de manera -contundente el sentido que tenía la exigencia de independencia: "los personalismos y las jefaturas personales hicieron olvidar que lo incontrovertible y eterno son los principios y las ideas" (40).

En última instancia, era una forma de hurtar la polémica, pasando como sobre ascuas y evitando decantarse por alguna opción concreta y entrar así en el delicado asunto de la división de las fuerzas republicanas, que en la circunscripción de Badajoz alcanzaba especial virulencia. Sama no quería fragmentar aún más el precario consenso alcanzado, introduciendo nuevos motivos de enfrentamiento con una inoportuna declaración de afinidad a una de las diversas corrientes que atomizaban el movimiento republicano. Esta cantada independencia permite explicar la escasa cobertura informativa en la prensa republicana de la candidatura de Sama, en un momento en que había una notable floración periodística en Badajoz.

Se trataba de aunar esfuerzos, porque debía disputar el escaño, como candidato de oposición, al aspirante oficial, el todopoderoso general Castro. Sama, una vez propuesto como candidato, se embarcó en una intensa actividad propagandística y se dedicó a recorrer los pueblos del distrito: El sufragio universal comenzó a popularizar el mitin, del que los republicanos fueron los máximos difusores.

Esta vuelta a la política se saldó con una nueva derrota. En una carta remitida a la prensa tras los comicios analizaba Sama las causas del fracaso. Después de resaltar el triunfo en las grandes poblaciones, atribuía a la incultura y al miedo a los caciques la derrota en los pueblos pequeños (41). Este análisis resulta certero, refleja bien que los republicanos conocían el funcionamiento del sistema y con ello sus insalvables limitaciones. En estos casos lo de menos son los resultados concretos, no tiene sentido aplicar a estos comicios minuciosos análisis de contabilidades de votos, lo más interesante es conocer su distribución local. Ya estas elecciones mostraron lo que sería una constante para el futuro. En este sentido, el Gobierno toleraba el triunfo republicano en sus feudos tradicionales (Alburquerque y San Vicente de Alcántara (42)), pero lo compensaba sobradamente en los demás núcleos, fieles a las indicaciones oficiales (43). En definitiva, para cubrir las apariencias, se permitía en algunos núcleos la victoria republicana que quedaba luego ahogada en los pueblos que los caciques dinásticos controlaban férreamente.

Esta derrota en el plano de la representación nacional de los republicanos del distrito de Mérida encontraba una modesta compensación en los pequeños éxitos conseguidos en el ámbito provincial y local. En las elecciones provinciales de septiembre de 1892, las primeras de este tipo que se celebraban con sufragio universal en este distrito, los republicanos volvieron a luchar y lograron colocar a un diputado por las minorías, Carlos Pérez Toresano, precisamente el rival de Sama. La situación era todavía más favorable en el plano municipal. En las elecciones municipales de 1893 los republicanos lograron empatar con los monárquicos en Alburquerque.

Sama quedó, de manera definitiva, ligado políticamente al distrito de Mérida. En Alburquerque, en una reunión celebrada el 14 de diciembre de 1892, a fin de renovar la junta de coalición republicana, se nombró a Sama presidente honorario (44). Esto muestra que se le consideraba ya uno de los pilares dentro del republicanismo provincial.

Las elecciones de 1893, convocadas por un Gobierno liberal, ofrecieron una nueva oportunidad a aquellos republicanos que, si bien conocían ya como funcionaba el sistema, no desmayaban en su intento de lograr, sin ningún tipo de apaño, la representación parlamentaria o, en todo caso, trataban de aprovechar la ocasión para difundir sus ideas. Como era práctica habitual, meses antes de la llamada a las urnas comenzaba la tarea de preparación de las candidaturas. A mediados de enero de 1893 la prensa republicana animaba a sus seguidores a la lucha y ofrecía una relación de nombres notables para encabezar las candidaturas en los distritos, "sin pretensión de imponer nuestro criterio y sólo para que éste sirva para estimular discusiones ulteriores” (45)s. Enemigos acérrimos de una de las prácticas más características de los partidos dinásticos, siempre proclives a aceptar la imposición desde Madrid de hombres extraños a los distritos (cuneros), en esta ocasión los republicanos, que recurrían también a forasteros, hicieron una peculiar distinción, "no se objete que son cuneros, pues los hombres de esa talla son nacionales". Para Mérida se proponía a Joaquín Sama Vinagre. Una reunión en el Casino Republicano de Badajoz el 11 de febrero de 1893 lo designó por unanimidad candidato por Mérida (46). Sin embargo, no todos los republicanos aceptaron esta decisión. Surgieron rumores de que se habían trasladado al distrito de Mérida las disensiones características de la circunscripción (47) y los zorrillistas apoyaban a los fusionistas. Eran los enfrentamientos tradicionales del republicanismo pacense. Justo ahora que las perspectivas parecían buenas, pues en un primer momento se disputaban el distrito tres candidatos dinásticos: el general Castro, Cuesta y Cipriano Piñero.

Se confiaba, además, que los liberales fueran más escrupulosos en las cuestiones electorales que los conservadores. Pero pronto se comprobó que la sinceridad electoral de los fusionistas era tan grande como la de los canovistas. Tras diversas disputas, quedó como único candidato monárquico el liberal Cipriano Piñero Salguero (viejo rival de Sama), que ya en la etapa final de su vida pública, había realizado un último viraje político. El general Castro al retirarse de la lucha dejó en libertad a sus amigos, lo que dio pie a rumores de que apoyaba a los republicanos de Mérida (48).

A pesar de su derrota, Sama logró un buen resultado, no tanto por el número de votos conseguidos (3.846 frente a los 4.626 del vencedor), cuanto por su distribución. Porque venció en los principales núcleos: Mérida, Alburquerque, Montijo y San Vicente de Alcántara. De hecho, las primeras noticias, procedentes de las localidades más importantes, eran favorables a Sama, cuya victoria se consideraba segura. Sin embargo,
en los pueblos pequeños, el voto masivo fue para Piñero (49). Quedaba claro que el Gobierno liberal actuaba en este terreno como el conservador. En estas elecciones, la propaganda republicana, siempre orientada a las clases populares, comenzó a incidir en su vocación obrerista (la ampliación del sufragio introdujo en la lucha política a grandes masas de trabajadores), insistiendo en la idea de que "la República está al lado del obrero” (50). Esto no dejó de ocasionar problemas y los antidinásticos tuvieron que defenderse de los ataques monárquicos: su propaganda ni era demagógica ni socialista.

El movimiento republicano pacense, aunque continuaba preso tanto de su crónica división como de los enfrentamientos personales, conoció tras estas elecciones una etapa de breve e intensa actividad internacionalista. En junio de 1893 se celebró un encuentro en Badajoz de republicanos españoles y portugueses con presencia, entre otros líderes destacados, de Salmerón y Sebastián Magalhaes Lima. En realidad el encuentro, que originó algún incidente político (51), sirvió para mostrar que el republicanismo portugués estaba tan desorganizado y fragmentado como el español y esta reunión no logró superar las diferencias. Los españoles tampoco se esforzaron por ocultar sus discrepancias; retraídos los progresistas y federales, sólo concurrieron los centralistas. Este deplorable ejemplo fue aprovechado por las fuerzas conservadoras para cuestionar la bondad del proyecto antidinástico: "aquellos mismos hombres que
no pudieron o no supieron contener las demandas del pueblo y que echaron sobre España uno de los borrones más grandes que registra la Historia, son los que ahora se ofrecen al país como la única tabla de salvación y los que dando al olvido sus pasados errores y las desgracias que ocasionaron a la patria no reparan en achacar a la monarquía todos los males que el país sufre" (52).

La muerte de Cipriano Piñero, a fines de 1893, obligó a elecciones parciales en el distrito de Mérida en mayo de 1894. El candidato encasillado fue el general Castro, conservador, aunque en realidad su adscripción política era la de amigo personal del general Martínez Campos (campista), que por aquel entonces acababa de cambiar de partido. Antonio Pacheco Lerdo de Tejada, que poco después se convertiría en dueño del distrito durante dos décadas, desistió, en el último instante, de presentar su candidatura. En un primer momento también apareció como aspirante Valentín Suárez Quintero, que fue Alcalde de Mérida y entonces era Catedrático del Instituto de Badajoz.

El día 13 de mayo de 1894 se celebraron las elecciones parciales del distrito de Mérida. El General José de Castro López obtuvo una abultada victoria (6.095 votos frente a los 1.912 de Sama). Este, como era tradicional, venció en su pueblo San Vicente de Alcántara. Pero fue la única excepción, ahora se afinaron los controles para impedir sobresaltos. En los otros grandes núcleos, incluido el republicanísimo Alburquerque, ganó el general Castro. De los veinte pueblos del distrito, en seis no logró Sama ningún voto y en ocho sacó menos de 10 (53).

Esta tercera derrota consecutiva, que por su rotundidad suponía un verdadero retroceso, afectó profundamente a Sama que dio rienda suelta a su amargura. Días después de los comicios publicó una carta llena de autocrítica. Manifestaba también su impotencia, el republicanismo necesitaba una organización armada para hacerse respetar. Sobre la compra de votos, echaba de menos que los republicanos no hubiesen organizado el socorro permanente de los necesitados, "el que recibiera beneficios de sus coasociados, echaría sus cuentas antes de recibir las dádivas electorales" (54). Se dolía además de que los republicanos dejasen al cuerpo electoral en la más absoluta ignorancia, de modo que el elector inculto podía ser fácilmente seducido por el cacique hábil e interesado. Advertía también de los graves riesgos que podían aparecer en el futuro. Negro panorama el que dibujaba en la que sería su última comparecencia política, reflejo tanto del desánimo por la nueva derrota, como de la impotencia por la persistencia de la división y el enfrentamiento entre los republicanos.

Los monárquicos por su parte no descuidaron ningún detalle para favorecer al candidato oficial. Se coaccionaba a los electores y se impedía la difusión de las ideas republicanas. Por un lado los agentes del alcalde de Mérida iban de casa en casa buscando electores (55); por otro las autoridades municipales ponían todo tipo de obstáculos a la propaganda republicana. El mismo alcalde impidió la reunión de los republicanos, no cediéndoles el local del pósito y presionando a los arrendatarios del teatro para que no aceptaran prestárselo. En la lucha política todo era bueno. Además, comenzaron a difundir el rumor de que Sama se retiraba. Esto movió al comité de Coalición Republicana de Mérida a publicar un manifiesto explicando la situación, haciendo especial hincapié en negar la retirada de su candidatos (56).

La prematura muerte de Sama unos meses después, en enero de 1895, truncó definitivamente sus aspiraciones políticas. Ni él logró su apetecido escaño ni los republicanos, en las contadas ocasiones en que volvieron a intentar la lucha, conseguirían desplazar a los dinásticos del distrito de Mérida.

3. El discurso político de Sama.

Como hemos apuntado ya, eran escasas las diferencias entre los tres partidos republicanos que existían en los comienzos de la última década del siglo (progresistas, federales y centralistas), "tenían en común la defensa de una forma de gobierno que consideraban consecuencia lógica y expresión máxima del principio de soberanía nacional y la aceptación, aunque con matices, del orden económico vigente" (57). En todo lo demás aparecían divergencias, en muchas ocasiones simple transposición de diferencias personales entre los líderes. Era básica la discrepancia en la táctica acerca de qué era lo verdaderamente revolucionario. En última instancia no se puede dejar de lado una realidad suficientemente conocida, que el republicanismo en España no era sólo un proyecto político, sino que también conllevaba una propuesta de reforma social. Esta afirmación, general a todas las fuerzas republicanas, apareció indisolublemente unida al planteamiento federal. (58).

El discurso del republicanismo decimonónico se planteaba como objetivo la reforma global de España y acorde con esto en él coincidían un conjunto de planteamientos, de incidencia política, social y económica, que se pueden resumir en varios puntos:
- independencia del poder judicial con respecto al ejecutivo, como forma de limitar las constantes intromisiones de los poderes públicos que convertían a la justicia, elemento regulador, eso sí, del orden social, pero también garantizador de un trato imparcial, en un tosco apéndice, uno más, del sistema oligárquico de dominación vigente.
- educación laica, que limitase el asfixiante protagonismo religioso en el ámbito privado, pero también en el público.
- autonomía para Cuba que legitimase su autogobierno y garantizase con ello, al quitar argumentos a los independentistas, el mantenimiento de su unión a España.
- regulación de las relaciones Iglesia-Estado, deslindado de forma precisa sus respectivos ámbitos de actuación, garantizadora, en última instancia, de la libertad de conciencia.
- reforma tributaria, que incluía la supresión de los consumos y una potenciación, a partir de una más ajustada evaluación de la riqueza rústica que evitase el fraude, de la contribución territorial.
- iberismo, estrechamiento de los lazos con Portugal con vistas a una integración política (59).

Los republicanos realizaron una constante e incansable labor de divulgación de sus planteamientos, comprendieron bien el valor de la comunicación y utilizaron a fondo las posibilidades que ofrecía el único medio existente en la época. Al margen del hecho de que estaban muy divididos, los antidinásticos tenían unos rasgos comunes que su abundante prensa se encargó de difundir (La Crónica de Badajoz, Diario de Badajoz, La Coalición, La Región Extremeña, en Badajoz; El Cantón Extremeño en Plasencia; La Reforma de Cáceres, en Cáceres, etc.). Aunque la mayor parte de estos periódicos llevó una vida precaria y no sobrevivieron a la última década del siglo XIX otros, en Badajoz, llegarían hasta el final de la experiencia constitucional. Los republicanos pacenses, estrechamente ligados a otros heterodoxos, como los masones (60), tuvieron una constante presencia en la vida pública de la ciudad, defendiendo siempre la significación de las costumbres políticas.

No se pueden dejar de lado, en una caracterización del movimiento republicano, las cuestiones meramente personales. En este sentido, como en todo colectivo, en el republicanismo extremeño coincidían individuos de muy diferente clase y condición. Existía un componente oligárquico, heredero de la tradición del Sexenio, socialmente poco diferente de las fuerzas que constituían el soporte básico del régimen de la Restauración (61) pero también existía un republicanismo popular, básicamente de clase media urbana, ilustrada, muy notable en la ciudad de Badajoz. Sama pertenecía a una familia rural acomodada, que en 1852 controlaba el mayor patrimonio rústico privado de San Vicente de Alcántara. Se gestó con la compra por Juan Pascual Sama (62) en la Desamortización de Mendizábal, de la Encomienda de Mayorga.

El republicanismo de raíz popular desempeñó una notable actividad pública, al margen de la lucha política concreta. En Alburquerque aparecía un caso representativo. El maestro Eugenio Bugarín Navarro, republicano, sostenía a fines del siglo XIX, sin retribución, una clase nocturna de adultos, exclusivamente para republicanos y sus hijos. Pero con ello no se agotaba su labor docente. Terminadas las clases se trasladaba al centro republicano, donde daba lectura a los periódicos republicanos a los presentes, en su mayoría analfabetos; se trataba de una tarea de adoctrinamiento que le originaría problemas.

Rasgo destacable de estos personajes era el contenido ético, de donde se obtenía la fuerza moral necesaria para combatir los valores sociales, y con frecuencia religiosos, dominantes y asumir los problemas que de ello se derivaban. Los choques con la Iglesia fueron constantes. En un ámbito muy concreto, la defensa y práctica del matrimonio civil determinaba, por sus innegables repercusiones públicas, marginación, sobre todo en los núcleos pequeños.
Como republicano, Sama, al que cabe calificar de autor prolífico, refleja en su planteamiento político el ideario del republicanismo nacional en sus diversas manifestaciones. Se centró, sobre todo, en sus preocupaciones pedagógicas y no fue especialmente generoso a la hora de tratar de cuestiones políticas. Sin embargo, dejó suficientes restos procedentes de su obra práctica y en menor grado en la escrita, a través de los cuales es posible conocer bien sus formulaciones.

Los temas estrictamente relacionados con la política no ocuparon un lugar importante en la producción bibliográfica de Sama. Sin embargo, en un breve trabajo hacía frente de forma bien directa a la cuestión (63). Consideraba imprescindible ligar las reformas políticas a las sociales. La principal reforma era la del sufragio, sobre el que tenía una opinión muy negativa. Y no se trataba sólo de aumentar el número de votantes, sino de modificar las circunstancias materiales y morales en que vivía el electorado. Su calificativo era inmisericorde, el sufragio era un derecho ilusorio, porque el que lo había
de ejercitar "está sometido a la presión y dictadura de la miseria o la ignorancia más abyecta". Los partidos políticos, por tanto, debían ocuparse de mejorar la educación y el estado precario de los obreros.

Defendía la coherencia entre militancia política y vida privada. Todo ello porque tenía una alta consideración de la política: no se trataba de una actividad "para explotarla en beneficio propio o en el de sus deudos y amigos", sino para servir a la sociedad. Postulaba, en el plano cultural, la necesidad de fomentar la lectura de periódicos políticos, reivindicaba así el papel fundamental de la prensa como elemento previo para acceder a la cultura escrita.

El estudio de la obra de Pablo Montesino, su principal aportación al campo de la Pedagogía nacional (64), orientó a Sama, o en todo caso reforzó una tendencia ya presente, en la necesidad de educar primero al pueblo, como tarea previa al ejercicio de la soberanía, fundamento del orden político. Por ello siempre concedió gran importancia a la educación moral. Frente a la mera instrucción, la formación. Había que crear ciudadanos capacitados y esto debía hacerse a través de la educación, pero la orientación de ésta la determinaba el sistema político. De ahí la necesidad de actuar sobre éste para transformar toda la sociedad.

Sama explicaba sus derrotas con la argumentación tradicional del republicanismo: la incultura del pueblo, fruto del atraso del país. Las masas rurales, dominadas por el caciquismo, se mostraban incapaces de apreciar las bondades de sus propuestas. La falta de opinión pública madura, de ciudadanos conscientes de sus derechos limitaba la penetración del republicanismo. Sama estaba convencido de que sólo la educación popular permitiría establecer la soberanía popular. Sin un pueblo culto no había democracia. Sus relaciones con el krausismo han sido ya documentadas (65). Esta formulación, que indudablemente tenía sólidos basamentos, le hacía olvidar que su discurso tampoco era el más adecuado para ser asumido por las clases populares, como se comprobaría después con la imparable difusión de los idearios obreristas. Es decir, una cuestión es la solidez y coherencia de su discurso y otra distinta es que llegara e interesara al campesinado.

Estos elementos negativos, que comprometían el futuro, fueron bien calibrados por Sama. Hemos visto como tras el fracaso en las elecciones de 1894 hizo una explicación autocrítica, que mostraba de forma precisa las limitaciones del republicanismo. Insistió en la necesidad de elevar la cultura (crear opinión pública) y condenó la actitud de aquéllos que sólo se acordaban de trabajar al llegar las elecciones, por lo que los humildes, la base del partido, cuyo apoyo se reclamaba ahora tras meses de abandono y olvido, se irían unos al socialismo, otros al anarquismo o, incluso, los más interesados se harían monárquicos (66). Intuición certera, que el tiempo se encargaría de confirmar. De hecho, en estos ámbitos rurales a partir de comienzos de la segunda década del siglo XX el republicanismo debió compartir su espacio electoral con el socialismo.

Se contraponía constantemente en el discurso republicano regeneración frente a corrupción. El manifiesto electoral de los candidatos por la circunscripción de Badajoz en 1893 decía: "La República camina con pasos agigantados hacia nuestra patria, para regenerarla y levantarla de la postración en que yace por los desaciertos y corruptelas de las huestes monárquicas" (67). A las clases populares se les recordaba que en veinte años de Restauración solo se habían visto "asquerosos negocios y hambre".

En el manifiesto hecho público por el comité de Coalición Republicana de Mérida en 1894, posiblemente inspirado por Sama, cuyo objetivo era negar su retirada y denunciar los obstáculos que se oponían a la difusión de las ideas republicanas, se recogen algunos de los principios, no solo políticos sino también morales, que defendía el movimiento antidinástico. Se postulaba la necesidad de sacrificar el pragmatismo a los ideales; de esta forma, frente al hombre práctico, el hombre consecuente. Convencidos de su derrota, los republica-nos la aceptaban y se negaban a admitir "los triunfos obtenidos por los favores y las artes que ponen en juego el mundo oficial y los políticos poco escrupulosos". Tampoco aceptaban ganar la voluntad del electorado mediante el recurso tan usual de las promesas (al margen de las explícitas e implícitamente contenidas en el programa republicano), "prometiendo absurdos que siempre quedan incumplidos"(68). Obviamente tampoco aceptaban emplear "otros medios positivos que la ley castiga por corruptores e inmorales". Se mostraban animosos hasta el final: "cumplid con vuestro deber, correligionarios, no os arredre el calificativo de Quijotes con que acaso nos motejará más de uno, pues tanto han de llegar a abundar los Sanchos en día no lejano; que los mismos corruptores de la moral política han de morir con el corazón atravesado por sus dardos positivistas" (69).

En definitiva, Sama trató de incorporar un compromiso ético de significación de la vida política nacional frente a aquellos que, ante todo, buscaban el disfrute sin freno de los cargos públicos. Pero su discurso, tan elevado moralmente como inoportuno políticamente, nunca tendría ocasión de ser puesto a prueba, evitando así a su mentor el trance, presumiblemente doloroso, de sufrir el duro contraste de la realidad. Serían aquellos positivistas, tan criticados, los destinados a usufructuar de forma permanente, y sin mayores escrúpulos de conciencia, el poder.

1 OSTO, L.: Joaquín Sama, Badajoz, Diputación Provincial, 1991
2 Diario de Badajoz, 3 de enero de 1991
3 Sigue siendo obra de consulta obligada para conocer el fenómeno en el Sur de Europa, la recopilación clásica de Geliner, E. (ed.), Patronos y clientes en las sociedades mediterráneas, Madrid, Júcar, 1986.
4 La Crónica, II de noviembre de 1890.
5 MERINERO MARTIN, Mª J. y SÁNCHEZ MARROYO, F.: “Componentes filosóficos y elementos sociopolíticos del discurso tradicional en la obra de Vicente Barrantes: una percepción conservadora de la realidad nacional" en Tusell, J., GIL PECHARROMÁN, J. y MONTERA, F.: (eds.) , Madrid, UNED, 1993, pp. 31 y ss.
6 ZAPATA BLANCO, S.: El alcornoque y el corcho en España, 1850-1935 en Garrabou, R.; Barciela, C. y JIMÉNEZ BLANCO, J. l.: (eds.) Historia Agraria de la España Contemporánea. 3. El fin de la agricultura tradicional (1900-1960), Barcelona, Crítica, 1986, pp. 253 y ss.
7 En los principales centros de la industria corchera extremeña, Alburquerque y Jerez de los Caballeros, se organizaron manifestaciones públicas el 12 de enero de 1892 en honor de los miembros de la comisión que se desplazó a Madrid para presionar a fin de lograr la imposición de derechos de exportación al corcho en plancha, que se consideraba causa de la ruina de la industria corchera en Extremadura. Diario de Badajoz, 5 de enero de 1892.
8 SANCHEZ MARROYO, F.: Dehesas y terratenientes en Extremadura. La propiedad de la tierra en la provincia de Cáceres en los siglos XIX y XX, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1993, pp. 261 y ss.
9 El mismo año que Sama, 1895, falleció Georges W Robinson, propietario, además de notable terrateniente, de una gran fábrica de tapones en Portalegre y otra en San Vicente de Alcántara, que empleaba en las diversas labores a cerca de 2.000 trabajadores. El negocio corchotaponero fue continuado por su hijo, de igual nombre.
10 Las tensiones derivadas de las dificultades de armonizar los intereses de los diferentes condóminos, dueños de los distintos aprovechamientos de los baldíos, originaron constantes incidentes. Sánchez Marroyo, F.: Movimientos Populares y Reforma Agraria. Tensiones sociales en el campo extremeño durante el Sexenio Democrático (1868-1873), Badajoz, Diputación Provincial, 1992, pp. 183 y+ ss.
11 A fines de enero de 1893 los taponeros se pusieron en huelga, complicando así un panorama social comarcal crecientemente conflictivo. Porque, pocos meses más tarde, los días 25 de junio de 1893 y siguientes, se produjeron en Alburquerque motines, con su tradicional participación de mujeres, contra los consumos.
12 SÁNCHEZ MARROYO, F.: "Los notables y el control político. Las elecciones parlamentarias en Extremadura (1876-1886)" en Investigaciones Históricas, 13, (1993), pp. 223 y ss.
13 Se puede seguir la actividad municipal de Sama en la obra, OSTO, L.: op. cit., pp. 23 y ss.
14 El sistema de propiedad rústico de San Vicente de Alcántara estaba dominado tradicionalmente por la gran propiedad. El protagonismo de ésta se vio intensificado de forma notable desde mediados del siglo XIX por la integración en su término de la antigua encomienda de Piedrabuena, de la Orden de Alcántara. Sus 11.450 Has. la convertían en una de las mayores fincas de Extremadura. Tras conocer diversas peripecias, fue definitivamente enajenada por el Estado en 1867, dividida en grandes
fragmentos, que correspondían a tradicionales divisiones para su explotación, millares. A pesar de esta fragmentación, su excepcional tamaño y riqueza la hicieron difícilmente asequible a los capitales autóctonos. Esto hizo que las fincas pasaran a manos de familias de terratenientes foráneos, entre las que destacaron algunas importantes dinastías de banqueros y financieros: Muguiro (Madrid); Sánchez de la Rosa (Cáceres); Conde de Bagaes (Sevilla).
15 Esta cuestión llamó la atención de los gobiernos del Sexenio, que nada práctico pudieron hacer más allá de la tradicional apertura de una información que confirmó la gravedad y extensión del problema.
16 SÁNCHEZ MARROYO, F.: Movimientos Populares y Reforma Agraria..., pp. 183 y ss.
17 La Crónica de Badajoz, 8 de octubre de 1869.
18 A. H. P. Cáceres, Sección Audiencia, Libro de correspondencia de la Audiencia Territorial de Cáceres, Leg. 23, Expediente 191.
19 Agradezco al profesor Fernando Tomás Pérez González, notable investigador de la historia regional, su gentileza al facilitarme el testimonio de un testigo de los hechos que ha permitido reconstruir con cierta precisión unos sucesos que a pesar de los múltiples y diversos restos documentales existentes aparecían confusos. Se trata de las Memorias de Higinio Marqués, inéditas, que, a pesar de su contenido poco sistemático, ofrecen interesantes revelaciones sobre aquellos acontecimientos.
20 La Crónica de Badajoz, 13 de octubre de 1869.
21 José Moreno Baylén: nacido en Pisa, en 1822, y fallecido en Mérida, en 1892, alcanzó especial renombre como arqueólogo. Aunque estudió la carrera de marino, los intereses del patrimonio familiar reclamaron su presencia en Mérida de donde fue Alcalde y Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País. Los descubrimientos en esa ciudad despertaron su vocación por la numismática y la arqueología y envió varios trabajos a la Real Academia de la Historia, de la que fue nombrado académico correspondiente. Posteriormente se le confió la dirección del Museo Arqueológico emeritense. Aunque pertenecía a una linajuda familia, hijo del II Conde de Fuente Blanca y hermano del III, se decantó por el republicanismo, campo en el que alcanzó un destacado protagonismo, de manera que al final de su vida se le consideraba el "decano de la democracia extremeña". En 1881 fue nombrado presidente del recién constituido comité democrático-progresista de Mérida. Ese mismo año fue elegido como Presidente del comité provincial de Badajoz del Partido Republicano Progresista, cargo que desempeñaría en los años sucesivos hasta su muerte.
22 Cipriano Piñero Salguero fue un caracterizado representante de la oligarquía rural extremeña, firmemente asentado en la política del ámbito comarcal de Mérida. Nació en Montijo en 1835 y falleció en diciembre de 1893. Fue primero moderado en la etapa isabelina, luego alfonsino en las postrimerías de la monarquía de Amadeo y, desde, 1879, al no encontrar hueco en las filas conservadoras, en las que militó en 1876, se trasvasó al fusionismo, en cuyo campo le sorprendió la muerte. Su activa vida pública se desarrolló, pues, en tres regímenes diferentes. Fue Diputado a Cortes en 1866, 1871, 1872, 1876 y 1893 y senador en 1882y 1886.
23 Como ha escrito un destacado especialista, Ruiz Zorrilla, "consciente del poder que el Gobierno detenta para fabricar mayorías no desea reforzar por ningún procedimiento recusable la victoria electoral", de esta forma "es indudable que, desde el punto de vista democrático, la actuación del Gobierno Ruiz Zorrilla fue sumamente correcta y significó un paso adelante en la normalización del juego democrático", MARTÍNEZ CUADRADADO, M.: Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931), Madrid, Taurus, 1969,1, p. 161.
24 Piñero, 3.136 voros; Sama, 3.044. La Crónica de Badajoz, 28 de julio de 1872.
25 Miguel Alcantú nacido en 1824 en Madrid, se estableció como médico titular de Alburquerque en 1848. Durante la epidemia colérica de 1856 desempeñó un destacado papel. Su ascendiente sobre las clases populares le permitió controlar los excesos surgidos en las coyunturas revolucionarias de 1854 y 1868. Persona de gran integridad, murió pobre. Se trataba de un veterano luchador republicano que ya en enero de 1870, en una elección parcial, había disputado por primera vez con este carácter un acta de diputado a Cortes, resultando vencido, por muy estrecho margen, por otro candidato republicano. En agosto de 1872 realizó un reparto de papeles con Sama; mientras éste luchaba por el acta de diputado a Cortes, Alcantú presentó su candidatura al Senado. Falleció en Alburquerque en 1878.
26 DÍAZ y PÉREZ, N.: Diccionario Histórico, Biográfico, Critico y Bibliográfico de autores, artistas y extremeños ilustres, Madrid, Pérez y Boix editores, 1884-88.
27 RODRÍGUEZ salís, E.: Historia del Partido Republicano Español, Madrid Imp. de Fernando Cao y Domingo del Val, 1893,2 tomos.
28 Una actualizada visión de conjunto aunque desigual en su plasmación, en TOWNSON, N.: (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994.
29 Eduardo Baselga Chaves nació en Villanueva del Fresno en 1838. Médico por la Universidad de Sevilla en 1864, ingresó en la Sanidad Militar. Liberal desde su juventud y demócrata desde la Revolución de Septiembre, ya en 1872 intentó aspirar al escaño de Diputado a Cortes, pero deseoso de no dividir las fuerzas del partido radical en el distrito de Jerez de los Caballeros, se retiró en favor de José Portillo. Su gran oportunidad política llegó, paradójicamente, con el fin de la experiencia democrática. Triunfó por primera vez en 1879 ayudado por sus parientes, la empresa del ferrocarril Sevilla-Mérida y el senador moderado Nicolás Hurtado. Desplegó tal actividad que se creó un círculo de intereses clientelares lo que le permitiría, con la protección de los gobernantes dinásticos, ser reelegido por la circunscripción de Badajoz en 1881, 1884, 1886, 1891 y 1893 sin el apoyo de buena parte de los republicanos y teniendo en contra a la mayoría de la prensa democrática. Al final de su vida, dividido y subdividido el partido progresista a la muerte de Ruiz Zorrilla, y desaparecidos sus apoyos básicos, su situación se hizo insostenible, logrando a duras penas el escaño de Diputado a Cortes por última vez en 1899. Abandonado por todos, hasta de muchos de sus amigos personales, se hizo monárquico y fue elegido senador liberal en 1905, cargo que desempeñaba cuando falleció en 1906.
30 A efectos comparativos, para ver su importancia en el contexto nacional, DARDÉ, C.: "Los partidos republicanos en la primera etapa de la Restauración (1875-1890)" en Jover, J. Ma (coord.), El siglo XIX en España: doce estudios, Barcelona, Planeta, 1974, pp. 433 y ss.
31 José de Castro López: que había nacido en Badajoz en 1828, era hijo de Mariano de Castro Pérez, auditor de Guerra y destacado especulador en operaciones inmobiliarias. Siguió la carrera militar, que estuvo siempre muy unida a su patria chica. Seguidor de Martínez Campos desde los sucesos de Sagunto, a él ligaría su fortuna política. De hecho la prensa republicana siempre atribuyó los éxitos de su carrera a la protección de aquél personaje. Ajeno a cualquier partido, se le consideraba políticamente campista: adicto con los fusionistas y adicto con los conservadores. En realidad evolucionó siguiendo a Arsenio Martínez Campos. Militar de Estado Mayor, realizó una lenta, pero imparable ascensión en el escalafón, que le permitió alcanzar las más altas cotas. En 1875 era coronel jefe de Estado Mayor de la Capitanía General de Extremadura en Badajoz. En 1887 ascendió a Mariscal de Campo. En 1888 cesó en el mando del Gobierno Militar de Badajoz. Los republicanos le tenían en gran consideración por su comportamiento en agosto de 1883, cuando, tras la intentona revolucionaria, llegó a Badajoz acompañando al general Blanco: evitó disgustos y represalias. Aun cuando se enfrentaron electoralmente a él siempre le mostraron respeto. En 1891 fue nombrado Consejero de Estado y en 1893 culminó su carrera militar, ascendiendo a Teniente General. Falleció en mayo de 1902. Los últimos días de su vida se vieron amargados por un escándalo de corrupción: el proceso incoado en Madrid a su hijo Eugenio de Castro Rendón por falsificaciones de letras, pagarés y cartas. El proceso, en 1903, adquirió un notable peso y repercusión pública tanto por el volumen de las operaciones como por las personas complicadas. Al general Castro se le consideraba en 1890 el hombre más influyente de la provincia, antes por ser fusionista y entonces por ser amigo de Arsenio Martínez Campos. Fue Diputado a Cortes por Mérida en 1881, 1886, 1891, 1894, 1896 y senador por la provincia de Badajoz en 1899. Además, el general Castro era hombre de notable patrimonio rústico; en este sentido no dejaba de ser un terrateniente extremeño más.
32 La Crónica, 13 de octubre de 1890.
33 En el ámbito estricto extremeño sería el caso no sólo de Baselga, el ejemplo más notorio, sino también el de los otros republicanos que alcanzaron un escaño durante la Restauración: Urbano González Serrano (Navalmoral de la Mata), Ramón Cepeda Montero (Plasencia) o Juan Uña Sarthou (Llerena).
34 La Región Extremeña, 18 de febrero de 1893. .
35 La Crónica, 19 de enero 1884.
36 Diario de Badajoz, 9 de julio de 1890.
37 Diario de Badajoz, 9 de julio de 1890.
38 Diario de Badajoz, 21 de enero de 1891.
39 La Crónica, 3 de enero de 1891.
40 La Crónica, 28 de enero de1891
41 Diario de Badajoz, 21 de marzo de 1891.
42 En las elecciones municipales de diciembre de 1891 los republicanos vencieron en San Vicente de Alcántara.
43 Esta situación era general a la provincia. El análisis de los resultados en la circunscripción de Badajoz en 1891, con varios aspirantes antidinásticos, realizado por La Crónica, es significativo, muestra que los republicanos conocían bien los entresijos del sistema, las corruptelas que permitían vaciar de contenido el ejercicio del sufragio. En 26 localidades se consideraba que había habido lucha, con presencia de interventores republicanos que cumplieron su deber, evitando la volcadura de pucheros. En ellos el resultado quedó equilibrado. En los diez pueblos restantes votaron falsamente (sin enfermos ni muertos) la totalidad de los electores. Aquí es donde se volcó el censo en favor de los candidatos oficiales. La Crónica, 28 de febrero de 1891. Acorde con ello la valoración del resultado no podía ser más precisa: "Las elecciones verificadas el día 10 constituyen un padrón de ignominia para el Gobierno y para los caciques mayores y menores de este partido. Y también para otros caciques que no se llaman conservadores". La Crónica, 3 de febrero de 1891.
44 La Región Extremeña, 3 de diciembre de 1892.
45 La Región Extremeña, 17 de enero de 1893.
46 La Región Extremeña, 12 de febrero de 1893.
47 Al llegar las elecciones de 1893 nuevamente se planteó la dificultad de organizar las candidaturas republicanas de la circunscripción, una vez más surgió la división. Eran tres partidos y dos lugares. Además Baselga actuaba por su cuenta. Federales y centralistas eran partidarios de la antevotación; ante el conflicto de intereses se elevó consulta sobre el asunto al Directorio de la Unión Republicana. Pero no fue posible el acuerdo. A pesar del arbitraje del Directorio, fueron designados Sánchez Pérez y Cervera, federal uno y centralista el segundo. Baselga no se resignó y decidió luchar por su cuenta, como siempre con apoyo oficial.
48 Nuevo Diario de Badajoz, 10 de marzo de 1893.
49 La Región Extremeña, 9 y 10 de marzo de 1893.
50 La Región Extremeña, 5 de marzo de 1893.
51 El Ministro de la Gobernación se molestó por la tolerancia del Gobernador Civil con los oradores portugueses.
52 Nuevo Diario de Badajoz, 26 de junio de 1893.
53 Nuevo Diario de Badajoz, 15 de mayo de 1894.
54 La Región Extremeña, 23 de mayo de 1894.
55 La Región Extremeña, 11 de mayo de 1894.
56 La Región Extremeña, 13 de mayo de 1894.
57 DARDÉ MORALES, C.: "La larga noche de la Restauración, 1875-1900" en Townson, N., (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994, p. 113.
58 JUGLAR, A.: Federalismo y revolución. Las ideas sociales de Pi y Margall, Barcelona, Universidad, 1966, y de forma más amplia, Pi y Margall y el federalismo español, Madrid, Taurus, 1975.
59 Diario de Badajoz, 4 de marzo de 1890.
60 LÓPEZ CASIMIRO, F., Masonería y republicanismo en la Baja Extremadura, Badajoz, Diputación Provincial, 1992.
61 Este fenómeno, presente con fuerza en Badajoz, era especialmente notable en Cáceres, donde los principales dirigentes del movimiento antidinástico decimonónico, Eladio Marcos Calleja, Aureliano García de Guadiana, Marqués de Santa Marta, Emilio Pérez Morales, figuraban entre los mayores terratenientes de la provincia. Esta convivencia en su seno de grandes oligarcas, clases medias ilustradas y elementos populares ayuda a explicar la ambigüedad social del republicanismo, cuyo eje central, y prácticamente único, de coincidencia era la defensa de la democracia, panacea universal destinada a resolver los males del país.
62 La familia debía pertenecer al colectivo de comerciantes de origen catalán establecidos en Extremadura a finales del Antiguo Régimen. Durante la Guerra de la Independencia los Sama facilitaron suministros a las tropas nacionales, pagados con créditos que serían empleados para adquirir los Bienes Nacionales. A través de los múltiples pleitos que generó la herencia de Juan Pascual Sama sabemos que éste compró para la familia.
63 SAMA VINAGRE, J.: "Los partidos políticos y la situación de nuestras clases obreras" en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, XI, 253, 1887, pp. 249-250.
64 SAMA VINAGRE, J.: Montesino y sus doctrinas pedagógicas, Barcelona, Bastinos, 1888.
65 PECELLÍN LANCHARRO, M.: El Krausismo en Badajoz. Tomás Romero de Castilla, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1987.
66 La Región Extremeña, 23 de mayo de 1894.
67 La Región Extremeña, 1 de marzo de 1893.
68 Contrasta esta actitud con las abundantes promesas de realizaciones concretas recogidas en otros manifiestos de políticos dinásticos, como el que en 1891 dirigió Fernando Ceballos Solís a los electores liberales del distrito de Almendralejo: desaparición de los consumos, ejecución de obras públicas, desarrollo de la riqueza e instrucción, etc., Diario de Badajoz, 16 de enero de 1891.